Atacama 25M 2015 – 2025
CEROLABS UC - ARQUITECTURA UC
Roberto Moris - 28/03/2025
Roberto Moris - 28/03/2025
Chile es un país que debe enfrentar múltiples amenazas de origen natural y su alta exposición al cambio climático. Si bien cuenta con una consolidada cultura sísmica fuertemente relacionada a la robustez de las normas y prácticas de mitigación, no existe consciencia plena de la multiplicidad de amenazas a considerar en la gestión. Los procesos de toma de decisión se han perfeccionado en cuanto a gestión de riesgos, en especial a partir del terremoto tsunamigénico de 2010. Estas mejoras han estado acompañadas de una mejor y diversa información científica y una mayor experiencia en la gestión de emergencias y recuperación debido a la alta recurrencia de eventos entre 2005 y 2017.
Al cumplirse una década de los devastadores aluviones que afectaron a la región de Atacama los días 24 y 25 de marzo de 2015, resulta imperativo analizar los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de gobernanza y gestión integrada del riesgo de desastres. Este evento catastrófico, caracterizado por intensas precipitaciones a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, provocó inundaciones masivas, arrastre de sedimentos y una paralización casi total de la vida cotidiana y productiva en la región.
Los aluviones de Atacama de 2015 representaron un punto de inflexión en la comprensión y gestión del riesgo de desastres en Chile. Hasta entonces, la planificación territorial y urbana no había incorporado adecuadamente los factores de riesgo asociados a eventos climáticos extremos, particularmente en zonas áridas donde las precipitaciones intensas son poco frecuentes pero potencialmente devastadoras. Las cuencas de los ríos Copiapó, Salado y la quebrada de Paipote demostraron ser altamente vulnerables, especialmente cuando la isoterma cero se eleva a niveles que permiten la precipitación de lluvia (no nieve) en la alta cordillera.
La emergencia evidenció debilidades institucionales significativas: sistemas de alerta temprana insuficientes, limitada coordinación interinstitucional y escasa preparación ciudadana para enfrentar eventos de esta magnitud. No obstante, también generó una respuesta social notable, caracterizada por la solidaridad y la organización comunitaria, elementos fundamentales para la posterior reconstrucción.
En Atacama se implementaron por primera vez de forma masiva las viviendas de emergencia de segunda generación que habían venido siendo desarrolladas a través de una iniciativa conjunta de ONEMI (hoy SENAPRED), la Pontificia Universidad Católica de Chile, CIGIDEN y Tecno Panel. Con este nuevo modelo se conformaron barrios de emergencia en las comunas de Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro.
Otro aspecto relevante fue la experiencia de recuperación asistida y trabajo colaborativo implementada por la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 2015. Siguiendo la experiencia adquirida en la Reconstrucción de Pelluhue a partir de 2010 en que la asistencia se ejecuta con foco en el fortalecimiento de las capacidades locales. En Atacama y principalmente la provincia de Chañaral se implementaron diversas actividades científicas y/o académicas en conjunto con organismos regionales tales como CODELCO, CORFO, Municipalidades, Gobierno Regional, Consejo Regional y corporaciones regionales. En las diversas iniciativas participaron el Observatorio de Ciudades UC, CIGIDEN, el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC y la Escuela de Arquitectura UC.
Se presenta la experiencia de la Cuenca del Río Salado, provincia de Chañaral en la Región de Atacama frente a las inundaciones de 2015 y 2017. El “Informe de Misión Científica CIGIDEN en ciudades de Chañaral, Diego De Almagro y Taltal” da cuenta de la misión postdesastre realizada a tres días del evento hidrometeorológico extraordinario de los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015 que afectó a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Este informe entregado a las autoridades sectoriales, regionales y comunales el 20 de abril de 2015 incidió en varios aspectos en las decisiones de recuperación de los primeros días, semanas y meses. Una de las recomendaciones fue contar con estudio de multiamenazas en el corto plazo.
Durante estos diez años, Chile ha experimentado transformaciones significativas en su institucionalidad para la gestión del riesgo. La evolución de la antigua ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia) hacia el actual SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) refleja un cambio de paradigma: de un enfoque reactivo centrado en la emergencia hacia una aproximación más integral que incorpora la prevención y la reducción del riesgo.
Este cambio institucional ha ido acompañado de mejoras en los marcos normativos y operativos para la gestión del riesgo. Sin embargo, persisten desafíos significativos de gobernanza:
El “Estudio de amenazas de las localidades urbanas de la cuenca del río Salado, Chañaral, el Salado y Diego de Almagro, en la Región de Atacama” financiado con aportes de la Corporación Nacional del Cobre CODELCO permitió contar con una mirada de multiamenazas del territorio afectado. Este análisis integró antecedentes múltiples (registros históricos, cultura local, visitas técnicas, análisis de laboratorio y datos de estaciones meteorológicas) para la comprensión del comportamiento de la zona y las proyecciones ante distintos escenarios.
El posterior aluvión de mayo de 2017 demostró que las modelaciones eran coherentes con ese tipo de evento costero que afectó más a quebradas que el evento de acumulación en montaña de 2015 que activó el Río Salado. También se demostró en el caso de las modelaciones de inundación de Diego de Almagro la importancia de la observación en el lugar en la calibración de las modelaciones. Este estudio fue insumo para los estudios fundados de riesgo de la posterior actualización de los instrumentos de planificación territorial de la provincia.
Durante los diez años posteriores al evento, Chile ha experimentado transformaciones significativas en su institucionalidad para la gestión del riesgo. La evolución de la antigua ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia) hacia el actual SENAPRED (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) refleja un cambio de paradigma: de un enfoque reactivo centrado en la emergencia hacia una aproximación más integral que incorpora la prevención y la reducción del riesgo.
Este cambio institucional ha ido acompañado de mejoras en los marcos normativos y operativos para la gestión del riesgo. Sin embargo, persisten desafíos significativos:
Una de las lecciones más claras de la catástrofe de Atacama es la necesidad de incorporar el análisis de riesgo en los instrumentos de planificación territorial. Los planes reguladores comunales y regionales deben contemplar explícitamente las zonas de riesgo y establecer restricciones apropiadas para el desarrollo urbano en áreas vulnerables.
Como señala el discurso del Gobernador de Atacama en la conmemoración de los diez años, la región requiere inversiones millonarias para garantizar su seguridad frente a eventos climáticos extremos. Se estima que se necesitan más de mil millones de dólares para implementar todas las obras de mitigación necesarias en las principales cuencas de la región.
Los avances en este ámbito son significativos pero insuficientes:
Uno de los avances más significativos tras los aluviones de 2015 ha sido la mejora en los sistemas de monitoreo y alerta temprana. La región cuenta hoy con mejor información sobre indicadores críticos como la isoterma cero, cuya relevancia es ahora ampliamente comprendida por autoridades y ciudadanía.
En este contexto, la Región de Atacama requiere contar con un sistema integrado que ayude a superar los problemas de dispersión institucional y fragmentación de datos que dificultan la gestión territorial. Sin embargo, persisten desafíos importantes en la integración de datos, comunicación efectiva, cobertura territorial y capacidad predictiva.
A la luz de la experiencia acumulada en estos diez años desde los aluviones de Atacama, es posible delinear algunos elementos clave para un modelo de gobernanza integrada del riesgo:
A diez años de los aluviones que devastaron la región de Atacama, Chile ha avanzado significativamente en su comprensión y gestión del riesgo de desastres. Se han fortalecido las capacidades institucionales, mejorado los sistemas de información y alerta temprana, y realizado importantes inversiones en infraestructura resiliente. La experiencia de los estudios de multiamenazas realizados tras el evento de 2015 ha demostrado su utilidad y validez, constituyendo una base fundamental para las actualizaciones de los instrumentos de planificación territorial.
Sin embargo, persisten desafíos sustanciales en materia de gobernanza, planificación territorial, priorización de inversiones y participación comunitaria. La conmemoración del décimo aniversario no solo debe servir para honrar la memoria de las víctimas y reconocer el esfuerzo colectivo durante la emergencia y reconstrucción, sino también para renovar el compromiso con la construcción de territorios más seguros y resilientes. Como señala el Gobernador de Atacama, “la seguridad no solo se dice, hay que construirla”.
La experiencia de Atacama constituye así una lección valiosa no solo para Chile, sino para todos los territorios que enfrentan riesgos crecientes en un contexto de cambio climático y transformaciones socioeconómicas aceleradas. La integración efectiva de la gestión del riesgo en todos los ámbitos de la planificación y el desarrollo territorial emerge como una condición ineludible para la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades en el siglo XXI.
La conmemoración de los 10 años del 25M fue un momento relevante para la región y sus habitantes, permitiendo recordar la importancia de estar conscientes de las circunstancias en las que vivimos y la necesidad de saber con qué y con quiénes podemos contar en situaciones de crisis. Fue una tremenda experiencia en Atacama, con un gobernador regional, Miguel Vargas, que vivió la catástrofe y recuperación como intendente, y una Seremi MINVU, Rocío Díaz, quien entonces era Jefa de Desarrollo Urbano e Inversiones MINVU, y cuya participación en diversas acciones públicas ha sido determinante.
